Cordoba - Al reclamo de muchos intendentes, tras considerar que lejos de ser un acuerdo, la propuesta del Gobierno de Schiaretti se trata de una imposición; ahora se suma una fuerte e incomoda molestia en distintos gobiernos locales por los mensajes de funcionarios provinciales presionando oportunistamente para que adhieran a cambio de poder acceder a beneficios concretos; muchos de ellos acordados con anterioridad y que constituyen necesidades legítimas a las que la Provincia debe dar respuesta.
Este grupo de intendencias no firmantes representa en sus pueblos y ciudades a más de la mitad de la población que vive en Córdoba; y están siendo discrecionalmente apartadas de las transferencias que la provincia debe hacer por ley. Para todos ellos, los "dineros frescos" de los que habla el gobernador Schiaretti que llegarán a los municipios que firmen, el nuevo programa de kits de viviendas, y otros beneficios que dice el gobierno haber creado para los municipios, no llegarán. Serán sólo para una clara minoría con problemáticas particulares, además de asfixiada por el deterioro institucional y los atropellos al federalismo y las autonomías que imperan en la Provincia de Córdoba.
Además, a la presión política, se suman también las consecuencias legales que ya se advierte que el supuesto acuerdo acarrearía. Distintos dictámenes de las respectivas áreas legales de los municipios recomiendan no firmar porque cuando un municipio cede a estas presiones, no está cediendo sólo dinero, está cediendo sus derechos, absolutamente legítimos, garantizados en la Constitución Provincial, de recibir el 20% de la coparticipación.
El monto a distribuir en cuestión también es otro punto de controversia. Se estima que son más de 5 mil millones los fondos que corresponden por ley distribuir a los gobiernos locales desde el gobierno provincial este año; y el supuesto acuerdo ofrece algo más de mil millones, lo que representa una diferencia enorme, que afectará directamente las obras y servicios para los vecinos.
En definitiva, y al igual que lo hiciera la Provincia en otra oportunidad con la Nación, los Municipios exigen lo que es justo y legal para sus localidades; a lo que responden con demagogia mediática, falta de diálogo, discriminación y usura política con la necesidad de la gente.
Es necesario que se vuelva a establecer un diálogo con los intendentes, se escuche a los vecinos y se logre un consenso profundo y amplio. El respeto y la credibilidad institucional están en juego.
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