Con la realización del Primer Congreso Internacional de Crimen Organizado, Cooperación Internacional y Lucha contra el Narcotráfico”, concretado el pasado miércoles y jueves, Córdoba se convirtió en el epicentro del debate global sobre el flagelo mundial de la narcocriminalidad.
El Congreso, que tuvo como lema “Desafíos y respuestas desde la Justicia penal internacional, la cooperación regional y las políticas públicas de seguridad”, fue coorganizado entre el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Universidad Siglo 21 y el Colegio de Abogados de Córdoba.
Durante 48 horas reunió a destacados especialistas, magistrados y agencias de seguridad, quienes delinearon estrategias conjuntas frente a los desafíos globales de la criminalidad transnacional.
En el acto de apertura participaron, entre otras autoridades, el Ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el Fiscal General de la Provincia, Carlos Lezcano; el Consejero del Departamento de Víctimas de la Corte Penal Internacional de La Haya-Holanda, Javier Ruíz; el Vicerrector de la Universidad Siglo 21, Pablo Rivarola, y el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar.
El Ministro Julián López, al momento de su participación en la mesa “Narcotráfico, criminalidad organizada y políticas públicas: seguridad regional y Región Centro”, expresó: “En Córdoba tenemos una decisión política clara, que es fortalecer las capacidades del Estado, invertir en investigación y sostener una presencia firme en el territorio. No miramos hacia otro lado”.
El funcionario además abordó el problema del narcotráfico en clave regional. En ese contexto destacó que “el narcotráfico funciona en red, interconectado; y el Estado también tiene que hacerlo”. A la vez que instó a “profundizar una política conjunta en la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), ante la expansión del delito hacia el interior productivo y el uso de nuevas tecnologías”.
Para apuntalar dicha problemática, López presentó y explicó el “Modelo Córdoba”, un esquema institucional estructurado en pilares fundamentales: el combate al narcomenudeo a nivel provincial, el accionar de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), bajo conducción judicial, y un estricto control de las cárceles para evitar que los líderes criminales operen desde el encierro.
Dicha estrategia del Gobierno provincial se complementa con la demolición de búnkeres para recuperar el territorio, el decomiso de bienes ilícitos para financiar la persecución penal y la prevención social, y el incentivo a la participación vecinal mediante denuncias anónimas.
Finalmente, el ministro planteó que, para consolidar a la región como un territorio hostil para el crimen organizado, es prioritario encarar el cruce de datos en tiempo real y en forma coordinada entre las tres provincias (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), al tiempo que reclamó un mayor compromiso financiero y operativo del Estado nacional en las fronteras para frenar el lavado de dinero y el narcotráfico a gran escala.
El Congreso, que tuvo como lema “Desafíos y respuestas desde la Justicia penal internacional, la cooperación regional y las políticas públicas de seguridad”, fue coorganizado entre el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Universidad Siglo 21 y el Colegio de Abogados de Córdoba.
Durante 48 horas reunió a destacados especialistas, magistrados y agencias de seguridad, quienes delinearon estrategias conjuntas frente a los desafíos globales de la criminalidad transnacional.
En el acto de apertura participaron, entre otras autoridades, el Ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el Fiscal General de la Provincia, Carlos Lezcano; el Consejero del Departamento de Víctimas de la Corte Penal Internacional de La Haya-Holanda, Javier Ruíz; el Vicerrector de la Universidad Siglo 21, Pablo Rivarola, y el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar.
El Ministro Julián López, al momento de su participación en la mesa “Narcotráfico, criminalidad organizada y políticas públicas: seguridad regional y Región Centro”, expresó: “En Córdoba tenemos una decisión política clara, que es fortalecer las capacidades del Estado, invertir en investigación y sostener una presencia firme en el territorio. No miramos hacia otro lado”.
El funcionario además abordó el problema del narcotráfico en clave regional. En ese contexto destacó que “el narcotráfico funciona en red, interconectado; y el Estado también tiene que hacerlo”. A la vez que instó a “profundizar una política conjunta en la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), ante la expansión del delito hacia el interior productivo y el uso de nuevas tecnologías”.
Para apuntalar dicha problemática, López presentó y explicó el “Modelo Córdoba”, un esquema institucional estructurado en pilares fundamentales: el combate al narcomenudeo a nivel provincial, el accionar de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), bajo conducción judicial, y un estricto control de las cárceles para evitar que los líderes criminales operen desde el encierro.
Dicha estrategia del Gobierno provincial se complementa con la demolición de búnkeres para recuperar el territorio, el decomiso de bienes ilícitos para financiar la persecución penal y la prevención social, y el incentivo a la participación vecinal mediante denuncias anónimas.
Finalmente, el ministro planteó que, para consolidar a la región como un territorio hostil para el crimen organizado, es prioritario encarar el cruce de datos en tiempo real y en forma coordinada entre las tres provincias (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), al tiempo que reclamó un mayor compromiso financiero y operativo del Estado nacional en las fronteras para frenar el lavado de dinero y el narcotráfico a gran escala.
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