A esta altura de la lucha de los trabajadores del transporte público de pasajeros está más que claro que el intendente Mestre es parte fundamental del problema. Mientras la huelga entra en el 5º día consecutivo el intendente se mantuvo al margen de la mesa de negociaciones que se entabló en el día de ayer. Junto a la burocracia nacional de UTA siguen echándole nafta al conflicto buscando como único objetivo una derrota sin atenuantes de los choferes. Desde el municipio se agita a las empresas para que procedan con los despidos y la UTA Nacional pudrió el acuerdo que en el día de ayer se había alcanzado.
La huelga de los chóferes cordobeses se ha convertido en un factor clave en el escenario nacional: atenta contra la pretensión de mantener acuerdos salariales a la baja para las paritarias que faltan concretar y cuando las ya firmadas entran en crisis como resultado de la inflación. Para los trabajadores está en juego la defensa del salario y de sus condiciones de vida. Mestre y la burocracia de Fernández son, en el conflicto del transporte, los ejecutores del ajuste que impulsan Macri y los gobernadores.
El intendente actúa como representante de los intereses de los empresarios, los cuales bajo su gestión lograron un aumento del boleto en un ¡501%!, mientras siguen recibiendo subsidios millonarios. A la par el servicio se sigue deteriorando, las frecuencias se alargan, las unidades no se corresponden con las necesidades, situación que padecen todos los días los usuarios y que sólo los trabajadores del transporte denunciaron una y otra vez.
La burocracia de Fernández actúa también defendiendo los intereses patronales. Firmó 5 meses después de vencida la paritaria un acuerdo que en términos reales significa un aumento del 8,4% hasta fin de año, cuando la inflación alcanza el 30% anual. La UTA Nacional no habilitó el acuerdo de ayer porque la sublevación contra ese acuerdo salarial a la baja se está extendiendo, ayer hubo en Buenos Aires una autoconvocatoria con más de 1.500 choferes y en Rosario se están preparando acciones.
A Mestre le corresponde un juicio político y penal por atentar contra los intereses de toda la ciudadanía, por defender intereses particulares contra los intereses generales.
A la burocracia de la UTA la organización de los trabajadores terminará expulsándola del sindicato.
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