Córdoba - Las legisladoras Radicales Ana Ferrando y Verónica Gazzoni presentaron un proyecto de resolución, por el que solicitan al Poder Ejecutivo informe sobre el funcionamiento de la Administración Provincial de Seguro de Salud (APROSS), reajustes, coberturas, reclamos, reintegros, turnos y prestadores desde el año 2014 hasta la fecha.
El Apross cuenta con 612 mil afiliados, y se constituye en la obra social de mayor envergadura de la provincia, dependiendo de ella 1 de cada 5 cordobeses. Del total de afiliados, 500.000 son obligatorios y el resto voluntarios, la mayoría vinculados con la Administración Pública Provincial, empleados de municipios y comunas y jubilados del sector publico cordobés.
"El ente cuenta con un presupuesto de $8.545.000 para 2017. Los reclamos administrativos y judiciales de los afiliados por problemas en las prestaciones de cobertura y reintegro, o por falta o defectuosa asistencia en temas que concierne a la salud en general, la discapacidad y las prestaciones por medicamentos, aumentan año a año", comentó Ferrando. (*)
(*) Ejemplo de ello son:
26 de febrero de 2013 RAA C/ APROSS expediente 2234278/36
23 de mayo de 2013 CA C/APROSS recurso de apelación expediente 2372816/36
07 de mayo de 2014 A.L.A.N C/APROSS expediente 2387245/36
04 de junio de 2015 OFD C/APROSS expediente 2603427/36
11 de junio de 2016 SMPC C/APROSS casación expediente 187169/37.
En tanto, Gazzoni aseguró al respecto que "sería preocupante que la calidad del servicio o la cobertura sufrieran menoscabos dentro del marco de políticas provinciales de reajustes administrativos, siendo como son la salud y la discapacidad dos temas prioritarios dentro de la agenda de cualquier Estado que se precie por brindar servicios básicos y universales de calidad a la ciudadanía y población en general".
La iniciativa que fue remitida a la comisión de Salud Humana de la Legislatura requiere detalles acerca de que si a partir de 2014 y dentro del marco de políticas administrativas provinciales se han suscitado reajustes administrativos en los procedimientos y coberturas de las prestaciones.
También, la cantidad y naturaleza de los reclamos realizados en 2016 por mesa de entrada, con presentaciones administrativas o en forma telefónica a través de Call Center, por no haber recibido la asistencia en el área de las prestaciones por medicamentos, las derivadas de problemas de salud en general y de la discapacidad.
Asimismo, las autoras del proyecto pretenden que se determine si se trata de casos de reintegro por falta de cobertura por medicamentos o por prestaciones no nomencladas, o que están nomencladas pero tienen un límite u otros (Desagregar por Departamento Capital e Interior); y cuántos de dichos reclamos derivaron en presentaciones en la justicia.
Otra de las inquietudes planteadas gira en torno a los tiempos de espera previstos para los turnos de atención en casos de urgencia y casos de especialistas médicos. Y si dichos tiempos de espera son determinados en la práctica por el APROSS o por los prestadores del servicio de salud.
De acuerdo al punto anterior exigen las parlamentarias que se aclare si existe un marco regulatorio con respecto a los tiempos de espera. (Desagregar también por Departamento Capital e Interior).
Detalle de prestaciones en el área de la asistencia integral para las personas que enfrentan situaciones de discapacidad en lo que hace a los tratamientos médicos terapéuticos e integraciones escolares; es otro de los puntos del pedido de informe.
Ferrando y Gazzoni exigen conocer –también- cuáles son los prestadores vigentes referentes a las integraciones escolares, y cuáles la cantidad de profesionales habilitados para realizarlas, como así también para ejercer como maestros de apoyo domiciliarios y profesionales para el tratamiento médico terapéutico (desagregar por departamento capital e interior), y que indique también -el Poder Ejecutivo- si se ha reducido la cobertura en los últimos cuatro años.
Finalmente, qué medidas se toman desde el APROSS en el área de la preservación de la vida e integridad de las personas con discapacidad para garantizar el acceso a los apoyos especiales médicos y escolares recomendados por los especialistas, a la luz de los estándares internacionales aplicables.
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