Cordoba - Minutos después de que el legislador Abel Lino (UCR) izara en el recinto nuestra enseña patria, el Interbloque Cambiemos aprobó el proyecto de ley, por el que adhiere a la norma nacional Nº 27428, Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, que modifica la ley Nº 25917, Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, que la provincia adhirió por la ley Nº 9237.
La referenciada ley N° 27.428, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina con fecha 2 de enero de 2018, establece en su artículo 21, por el cual se sustituye el artículo 34 de la norma N° 25.917, que se invita a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la misma.
Cabe destacar que la norma en debate responde a los lineamientos oportunamente fijados en el Consenso Fiscal, suscripto entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Córdoba, con fecha 16 de noviembre de 2017 y que fuera aprobado por ley provincial N° 10.510.
"Se trata de una ley consensuada en el marco del Acuerdo Fiscal, un acuerdo que trata de dar un marco de solución a muchos problemas que se venían arrastrando desde hace décadas y que pone a la Argentina en el camino de ser un país verdaderamente federal. Además, tiene por objetivo implementar reglas claras y de mayor transparencia sobre el gasto público y de ejecución presupuestaria, y así promover finanzas públicas que mejoren la sustentabilidad y la calidad de la provisión de servicios públicos pero que al mismo tiempo promuevan la actividad productiva", afirmó la legisladora Soher El Sukaria (PRO).
Posteriormente, la integrante del Interbloque hizo mención que en dicho marco el gobierno nacional y las provincias se comprometen a no aumentar la relación de cargos ocupados en el sector público existente al 31 de diciembre de 2017, respecto de la población proyectada de cada jurisdicción.
"Esta es una regla que debería haberse aplicado hace años, desde que empezó el gobierno de Unión por Córdoba (UPC), aumentó la planta de 72.528 a 128.575 en 2016. Es un aumento del 77,3 por ciento, mientras la población de la provincia en el mismo período aumentó 19 por ciento. El gasto salarial en córdoba se duplicó en 10 años", fustigó Sukaria.
Luego, el legislador Javier Bee Sellares (UCR) planteó que en el cumplimiento a la ley de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal "podamos de alguna manera ponerle un freno a la deuda de la provincia de Córdoba, que está en un proceso complicado".
Instantes después, el Interbloque respaldó el proyecto de ley de expropiación en Estancia Santa Rosa (Departamento Punilla), para ejecución de la obra "Pavimentación Ruta Prov. Nº 34 a empalme Ruta Provincial E-96 - empalme Ruta Prov. C-45".
Asimismo, el Interbloque aprobó varios pliegos para las siguientes designaciones:
Nicolás Gambini como Fiscal de Instrucción de Familia de Primer Turno en Bell Ville, Graciela Susana Debernardi como Fiscal de Instrucción en Arroyito, Pedro Matías Guerra como Fiscal de Instrucción con Funciones de Fiscalía de Menores y de Familia en Corral de Bustos-Ifflinger; Juan Manuel Cafferata como Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial en ciudad de Córdoba, y Diego Martín Fernández como Fiscal de Instrucción con competencia Múltiple de 1er Turno en la ciudad de Alta Gracia.
Inmediatamente, el oficialismo -tras arduo debate- rechazó un proyecto impulsado por el Interbloque Cambiemos, por el que citaba al Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Fabián López), al Secretario de Desarrollo Energético (Edgar Castelló) y al Presidente de la EPEC (Luis Giovine) para que informen sobre la situación contable-financiera, cuadros tarifarios, composición de la facturación, balances y política energética de la Empresa.
Luego de realizar un pormenorizado informe sobre la realidad crítica de EPEC, el legislador Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico) aseguró que "no se sabe oficialmente cuántos empleados tienen la empresa provincial de energía" y añadió que en materia energética "hay que hablar para los próximos 30 años. Se seguimos trabajando sobre la coyuntura del sistema eléctrico vamos a estar siempre sobre este problema echándole la culpa a alguien".
En tanto el legislador Orlando Arduh (UCR) dijo que "con el oportunismo que caracteriza UPC, luego de haber sido los responsables del atraso institucional más importante del último tiempo para la historia Democrática de Córdoba con las reformas electorales que aprobaron en la más absoluta soledad parlamentaria, ponen en agenda un tema muy sensible para los cordobeses, el cual refiere al costo de la energía en nuestra Provincia".
"Es bien conocido por todos que esta situación viene calando hondo en la economía doméstica de todos los cordobeses desde hace muchos años, mientras tanto el Gobierno de Córdoba sólo apeló al silencio y evasión en la responsabilidad que le toca desde hace casi 20 años en la administración de la empresa", añadió Arduh.
Antes de finalizar su alocución el parlamentario del Interbloque manifestó que "el Poder Ejecutivo, está admitiendo implícitamente que se les ha ido de las manos la administración de la empresa estatal, e intenta cambiar el foco de discusión echando culpas a los beneficios que otorga un convenio colectivo que data de 1975. O sea quiere arrasar con derechos adquiridos de los trabajadores sin si quiera realizar un mea culpa sobre la responsabilidad que les toca".
