(Por Pablo Olmos) - La detención de un penitenciario el 8 de abril en horas de la mañana mientras intentaba ingresar a la Cárcel de Cruz del Eje unos 10 celulares y paquetes que contendrían marihuana puso al descubierto una verdadera trama de corrupción institucional. Por la noche se hicieron presentes en la comisaría de Cruz del Eje autoridades del Tribunal de Conducta Policial y de la Cárcel entrevistándose con el detenido, resultando trasladado a la UCA, previo a su derivación a Bower. El hecho, que no ha tenido difusión en los medios masivos de comunicación ni en la página del Ministerio Público Fiscal, tiene varias aristas. Una de ellas es que queda al descubierto como ingresa la droga y los teléfonos a la cárcel, es por medio de los penitenciarios, todo lo que quedó aún más en evidencia en época en la que las visitas están más que restringidas por la pandemia. Adentro de la cárcel, un celular no cotiza menos de $150.000, pero el valor no deriva del privilegio que implicaría tener un teléfono para comunicarse libremente, sino que se usa como una herramienta para llevar adelante estafas en diferentes puntos del país. Pero es que llevar adelante las estafas implica la participación omisiva de los penitenciarios que permiten que la cárcel sea un call center de engaños telefónicos de los que terminan siendo partícipes en las ganancias. Esto determina que dentro de la cárcel quienes hacen este tipo de delitos gozan de protección en desmedro de otros internos, ya que alguien se tiene que hacer cargo de la propiedad de los teléfonos que aparecen cuando se hacen los allanamientos ordenados por los jueces de varios lugares del país que investigan las estafas. Es allí donde comienzan las presiones para que algunos internos reconozcan como propios aparatos que no le pertenecen para cubrir a los verdaderos autos. El "Hacete Cargo" incluso tiene su precio ya que se ofrece dinero a cambio de asumir la responsabilidad de otro. En la lógica del Servicio Penitenciario y de la Justicia, si un teléfono aparece en una celda, y ninguno asume la propiedad, todos los que están allí son responsables ya que se entiende que la tenencia permite ser compartida. La derivación de esto es que si ninguno se hace cargo todos recibirían sanciones graves. El problema lo tienen los internos que no están involucrados y comparten celda con los que si lo están, ya que están con el riesgo permanente de ser sancionados por la tenencia de celulares de alguno de sus compañeros. Debe tenerse presente que pedir cambiarse de lugar, ello es, "pedir puerta" es sancionado por el servicio penitenciario, por lo que las opciones no son muchas. La situación genera tensión entre los internos, frente a la maquinaria montada por algunos guardiacárceles que ingresan los celulares para "hacerlos trabajar". En lo que respecta al ingreso de drogas a la cárcel, ello no es novedad, y muchas veces se escucha decir a los propios funcionarios que sin droga una cárcel no funciona.
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