Río Segundo (Córdoba) - La jueza de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de Río Segundo, María Licia Tulián, confirmó la prisión preventiva dictada en contra de los imputados Diego Alejandro Bechis y Cristian Julio Moyano, intendente y asesor letrado de la Municipalidad de Pilar, respectivamente. Al jefe comunal se le atribuyen los delitos de defraudación por administración fraudulenta calificada y abuso de autoridad; mientras que el abogado del municipio está imputado por defraudación por administración fraudulenta calificada.
Según la acusación, habrían participado en una maniobra destinada a vender los derechos posesorios que el municipio ejercía sobre una gran porción de la costanera del río Xanaes a otro funcionario municipal, Pablo Iván Ghío (también imputado), a través de una tercera persona, Carlos Eugenio Milich, que era insolvente para el emprendimiento que supuestamente afrontaba. De acuerdo con la pericia oficial, el valor de los terrenos -que abarcan una superficie de diez hectáreas- supera los 50 millones de pesos.
En su resolución, la magistrada confirmó la prisión preventiva dictada por la fiscal de Instrucción Patricia Baulies tras considerar, entre otros indicios, que los imputados habían incurrido en "actos entorpecedores" de la investigación penal preparatorio, en particular, tratando de influir en el imputado Milich.
"Aquí tales conductas (…) no han consistido en un solo y único acto o acción aislada, sino que por el contrario, fueron varias y con distintas modalidades. A partir de ello, la inferencia que afirma como probable que en el futuro, y estando en libertad, los imputados pueden volver a tener tales actitudes, no resulta absurda ni irrazonable, y respeta las reglas formales del razonamiento inductivo", expresó la jueza.
También argumentó que el peligro de un accionar intimidatorio no desaparece por el hecho de que los testigos, los peritos y los coimputados ya hayan declarado durante la etapa investigativa; "puesto que resta aún de realizarse el debate, etapa procesal de fundamental importancia y que debe asimismo ser cautelada".
En definitiva, la jueza de Control concluyó que "el conjunto de todas las circunstancias referidas, configuran indicios concretos, que posibilitan inferencias no absurdas -sino por el contrario-, serias y razonables, sobre la existencia actual de riesgo procesal". Asimismo, puntualizó que estas conductas "proyectan desconfianza" acerca del sometimiento de los imputados al accionar de la justicia, lo que torna "absolutamente indispensable" la privación de la libertad de los imputados para asegurar los fines del proceso.
En torno a los actos de amedrentamiento sufridos en esta causa por la fiscal de Instrucción, la jueza de Control Tulián expresó que "resultan de extrema gravedad por la seria afectación institucional que conllevan, en tanto resultan atentatorios de la libertad, independencia y tranquilidad de espíritu con la deben poder obrar los funcionarios judiciales".
"Tal situación inserta a la causa en un contexto de tensión y afectación institucional que exorbita los carriles normales de una investigación penal, que no pueden ser pasados por alto, y exigen de los operadores judiciales extremar los recaudos para tutelar los fines del proceso", agregó.
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