Al calor de la huelga de los trabajadores de UTA que se desarrolló por 8 días, Provincia y Municipio tomaron nota del profundo descontento que recorre a los trabajadores y su tendencia a la acción directa frente a las políticas de ajuste. Contra ello, buscan aleccionar y regimentar a los trabajadores a través de la sanción en la legislatura de una ley de `servicios esenciales `.La Ley es impulsada por el Schiaretti y Mestre con el aval de todas las fuerzas patronales, las cámaras empresariales y entidades religiosas. Estamos frente a un ataque vertebral al derecho de huelga, que retrotrae la Argentina a los tiempos de la Libertadora, del Plan Conintes y la dictadura de Onganía. La inconstitucionalidad del proyecto refuerza el carácter dictatorial del gobierno.
La ley en su artículo 4, crea para determinar el carácter `esencial` de una actividad a un comité técnico conformado por 5 miembros designados por el poder legislativo a propuesta del poder Ejecutivo, es decir que será el propio gobierno quien autorice o no una protesta, un planteo totalmente inconstitucional ya que es el gobierno quien oficia de patronal o poder concedente sobre una masa importante de los trabajadores de la provincia.
Pero esto no es todo, dicha comisión restringirá la posibilidad de establecer cualquier modalidad de protesta, no solo en el transporte como lo vende el gobierno, sino en cualquier rama de la actividad económica de cualquier sindicato. Como lo reza el artículo 6 inciso `a` se puede `efectuar a instancia de la Autoridad de Aplicación, la calificación excepcional y restrictiva de servicio con prestación mínima garantizada de actividades no enumeradas en la presente ley en las condiciones que reglamentariamente se determinen`. Es decir que si el comité técnico, es decir el gobierno, determina que un paro docente que le reclama justamente al mismo gobierno por más salario afecta a un servició esencial puede considerar la lucha como ilegal. Un mamarracho legal.
En un cuadro en donde las luchas son arrancadas por las propias bases, como sucedió en el conflicto de los choferes de UTA, el gobierno en sintonía con el fallo Orellano sancionado por la Corte Suprema, le tira un salvavidas a las propias burocracias que son el blanco incluso de muchos conflictos laborales. En el artículo 7 de la Ley que pretenden aprobar, se establece que las `partes`, es decir, las direcciones sindicales deben comunicar con un pre aviso las modalidades de protestan que piensan desarrollar.
El PJ, Cambiemos y el arco de fuerzas patronales pretenden ponerle un freno a los trabajadores que se levantan contra la carestía, los bajos salarios, el recorte jubilatorio y todas las políticas en curso. La ley, sienta las bases además para proceder con la represión en el marco de un conflicto laboral, ya que en caso de no garantizarse los `servicios esenciales` el ejecutivo pueden aplicar el código de convivencia metiendo preso a los trabajadores que hayan salido a la lucha. *Llamamos al conjunto de los trabajadores a movilizarse masivamente a la Legislatura el miércoles 14/6 a las 15hs para repudiar este ataque liso y llano al único derecho que tienen los trabajadores: el de luchar.
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