El bloque de la mayoría rechazó y envió a archivo un proyecto de resolución impulsado por el Radicalismo, mediante el cual se cita al Ministro de Gobierno (Carlos Massei) para que informe sobre la inseguridad en la provincia y delitos en que se vieron involucrados agentes de la policía.
La presencia del funcionario en el recinto legislativo hubiera sido una "inmejorable y oportuna" decisión, en el marco del reciente conocimiento público de las cifras oficiales sobre la inseguridad y la violencia extrema en la provincia mediterránea.
Cada día, 167 delitos contra la propiedad se denuncian en la ciudad de Córdoba. La cifra es la más alta de toda la provincia, en la cual, en total, se receptan 246 presentaciones judiciales diarias por robos y hurtos. Mientras que la tasa de delitos contra la propiedad es elevada, la de homicidios es baja. Asimismo –según varios medios de comunicación-, los jóvenes son las principales víctimas.
"Sabemos que la inseguridad no la vamos a resolver de un día para otro pero lo que no podemos hacer es mentirnos más (Sic), aseveró el ministro que tiene a su cargo la seguridad. A confesión de parte relevo de pruebas. Quiere decir que en estos largos 18 años que llevan en el gobierno provincial han estado mintiendo", expresó el miembro informante del bloque Radical, Miguel Nicolás.
Al inicio de la sesión se aprobó sendos proyectos de ley por los cuales se donó al municipio de Colonia Italiana (Departamento Marcos Juárez) un inmueble para la construcción de viviendas sociales, y al municipio de Saturnino María Laspiur (Departamento San Justo) un inmueble destinado a la instalación dependencias públicas.
Luego, el bloque de Unión por Córdoba decidió enviar a comisión un proyecto de la UCR, por el cual se solicitaba informe sobre multas labradas por la Policía Ambiental, abonadas y exoneradas de pago.
La Policía Ambiental creada en el año 2012 por la ley N° 10115 tiene como funciones generales la de ejercer el control y fiscalización en materia hídrico-ambiental, y de los recursos naturales en todo el ámbito de la provincia de Córdoba.
"Un derecho de todos los ciudadanos al acceso a la información pública ambiental la de saber sobre las multas y sanciones que aplica el cobro de las mismas, y como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es un deber del Estado producirla, elaborarla, organizarla, sistematizarlas y difundirla", afirmó a la legisladora Amalia Vagni.
"Uno de los reproches más graves que enfrenta esta repartición, es la demora en las inspecciones y la falta de seguimiento en muchos procesos (como los desmontes). Consideramos que esto se debe a que no cuentan con todos los medios necesarios para efectuar sus tareas en relación con la distribución de las bases operativas", fundamentó la legisladora Radical.
Al momento de concluir su alocución Amalia Vagni consideró que "no quedan dudas que Unión por Córdoba, actualmente a cargo del gobernador Juan Schiaretti, no respalda de la forma que lo debiera hacer, al único organismo encargado de detener, controlar y evitar las constantes degradaciones ambientales en toda la geografía cordobesa, ni mucho menos exige que toda la información que posee derivadas de sus funciones sea transmitida a la sociedad toda".
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