Autoridades de la Legislatura neuquina impidieron el ingreso del público y los trabajadores de prensa que pretendían asistir a la audiencia pública convocada este martes para informar sobre la venta de tierras en el cerro Chapelco y la ley de bosques. Los participantes de la audiencia pública terminaron realizando una asamblea en las puertas de la Legislatura en solidaridad con aquellos que quedaron fuera y se decidió entre todos los presentes convocarla nuevamente en la localidad de San Martín de los Andes.
Una comitiva importante de organizaciones de San Martín de los Andes viajaron más de 450 kilómetros a Neuquén Capital para participar de la audiencia pública convocada por los diputados provinciales Raúl Godoy (FIT) y Mariano Mansilla (FN) por la venta irregular de tierras en el cerro Chapelco. Los participantes de la misma encontraron todo el tiempo obstáculos para ingresar al edificio de la avenida Leloir, a pesar que la audiencia pública estaba convocada desde hace dos semanas.
En la audiencia pública iban a participar integrantes de la Asamblea Socio Ambiental y de Alerta Angostura, de los gremios ATEN y ATE, de la comunidad mapuche Curruhuinca, entre otras organizaciones, pero éstos al enterarse que se había impedido el paso a otras personas decidieron realizar una asamblea en las puertas de la Legislatura.
Además de los numerosos impedimentos en el ingreso, largas esperas y vejámenes similares, en las dependencias de la Legislatura se encontraba fuerte presencia policial y una notable falta de cooperación para el desempeño normal de la actividad convocada. Tras una hora y media de retraso debido a todos inconvenientes mencionados y con el conocimiento que personas se encontraban fuera del edificio, se trasladó la actividad hasta la calle donde también participaron otros diputados provinciales de la oposición.
La Asamblea Socio Ambiental responsabilizó de estos lamentables hechos al bloque del Movimiento Popular Neuquino y al vice gobernador, Rolando Figueroa, como máxima autoridad de este organismo. La Asamblea considera preocupante que los legisladores del partido gobernante utilicen instituciones publicas para impedir derechos básicos a la información, expresión y reunión.
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