La legisladora Amalia Vagni (UCR) presentó semanas atrás un proyecto de ley, por el que promueve el desarrollo de conductas sociales y ambientales responsables de empresas, entidades y organizaciones en general.
La iniciativa tiene como objeto promover jurídicamente el desarrollo de conductas social y ambientalmente responsables de las empresas, entidades y organizaciones en general, en el diseño, desarrollo y puesta en marcha de políticas, planes, programas, proyectos y operaciones de modo que se cumpla un ecuánime valoración y evaluación de la sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera.
Según la propuesta, será de aplicación para las organizaciones con fines de lucro, nacionales o extranjeros, industriales, comerciales o de servicio, cuyo ámbito de actuación se encuentre dentro de la provincia de Córdoba. También se invita a Municipios y Comunas a adherir a la misma.
En tanto, será de carácter obligatorio para aquellas organizaciones que empleen más de trescientos empleados, o tengan una facturación que supere, en el último año, los valores indicados para medianas empresas en la resolución SEPyME, y así como a todas las que sean o pretendan ser proveedoras del gobierno de la Provincia de Córdoba, entre otras.
La autoridad de aplicación (Ministerio de Industria, Comercio y Minería) establecerá beneficios para aquellas organizaciones que, sin estar obligadas, presenten la información indicada en la presente ley y soliciten adherirse al cumplimiento de la misma.
Las mismas, deberán elaborar un Balance Social al cierre de cada ejercicio económico en forma anual, en la forma y con los procedimientos que se señalan en la iniciativa de ley.
En parte del articulado, la legisladora hace referencia a Grupo de Interés, entendido a aquellos sectores sociales que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial, y por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de éstas.
Las organizaciones podrán obtener el "Certificado de Empresa Responsable" que servirá para acreditar que alcanzaron o superaron las pautas fijadas en el "Índice de responsabilidad social y sustentabilidad empresaria". El distintivo tendrá una vigencia de un año, pudiendo en este sentido obtenerlo de acuerdo con distintas y progresivas categorías.
Además, se crea el premio anual a la excelencia de las empresas responsables, cuya reglamentación quedará formalizada por la autoridad de aplicación en caso de aprobarse la iniciativa Radical.
La autoridad de aplicación manejará un registro, de público acceso y disponible en la página web oficial del Gobierno, en donde se enuncien las organizaciones inscriptas y se ponga en conocimiento los términos del balance de responsabilidad social presentado por cada organización.
Asimismo, se deberá inscribir las empresas que cumplan con la presentación del balance como aquellas que no lo hagan. Del mismo modo deberá publicarse las empresas obligadas legalmente como las que adhieren voluntariamente.
En los casos de que sea legalmente obligatorio presentar el balance de responsabilidad social empresaria y la empresa no lo hiciera, se deberá remover a la misma del registro de empresas que cumplen con la norma y en caso de que la empresa sea uno de los sujetos obligados –según el proyecto- se procederá a su identificación en la nómina de empresas que no cumplen con la obligación de presentar el balance de responsabilidad social empresaria, hasta tanto se subsane la infracción.
En el caso de las empresas cuya presentación haya sido voluntaria, se suspenderá a la misma los beneficios que pudiera recibir en virtud de la propuesta presentada. Ello, sin perjuicio de las actuaciones a que se diere lugar de comprobarse alguna otra irregularidad en infracción a la normativa vigente.
Opinión y antecedentes
La Responsabilidad Social de la Empresa es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes (ley N°10208 de política ambiental), "la integración por parte de la empresa en su gobierno, gestión, estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, ambientales y respeto a los Derechos Humanos que surgen de la relación y el diálogo transparente con sus Grupos de Interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que derivan de sus acciones", afirmó Amalia Vagni.
Provincias como la de Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya tienen una ley de responsabilidad social empresaria, y en otras se registran proyectos legislativos en la materia, como en la provincia de Jujuy y la de la provincia de Córdoba donde, el ex-legislador Rodrigo De Loredo en el 2013 presentaba el proyecto al respecto, sin tratamiento parlamentario.
Encuesta y opinión
El Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), publicó una encuesta sobre "Desarrollo Sostenible en el sector privado en la Argentina", realizada a fines de 2012 entre más de 100 firmas del país pertenecientes a sectores industriales y de servicios, con el propósito de reflejar y dar a conocer la percepción que tienen los representantes de las principales compañías argentinas sobre la agenda de desarrollo sostenible a escala local.
La misma reveló que el 76% de las empresas argentinas han integrado, al menos en parte, la sustentabilidad a su agenda, mientras que 17% considera hacerlo en el futuro, y el 6% no lo tiene en sus planes. Sin embargo, sólo el 12% de los encuestados considera que su empresa alcanzó un estado de madurez en su estrategia ambiental, social y económica.
Por otra parte, el 94% de las compañías encuestadas manifestó que contar con una estrategia de sustentabilidad es un requisito de competitividad y, de este total, para un 60% resulta imprescindible la estrategia, mientras que 34% declara que no es fundamental o urgente.
"El ejemplo del IARSE es claramente una demostración del grado de involucramiento que tienen las empresas sobre la materia, ante lo cual tanto Córdoba como todas las provincias del país, deberían aggiornarse jurídicamente", expresó la legisladora Radical.
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