Todos aquellos que de ahora en adelante aspiren a ser jueces nacionales son invitados por el Gobierno a firmar una declaración en la que aceptan que les descuenten el impuesto a las ganancias de sus sueldos y ser transferidos a la justicia de la ciudad.
El formulario, que empezó a circular entre los magistrados, es del Ministerio de Justicia de la Nación. Fuentes oficiales advirtieron a LA NACION que los candidatos no están obligados a firmar esta declaración, pero al mismo tiempo señalaron que el presidente Mauricio Macri lo tendrá en cuenta cuando tenga que decidir el nombre del elegido en la Corte.
El texto de la declaración se titula "expresión de conformidad" y establece que el que firma da expreso consentimiento para someterse al régimen del impuesto a las ganancias. Dice, además, que para el caso que lo disponga la normativa da su conformidad "para ser transferido de la justicia nacional ordinaria con asiento en la ciudad de Buenos Aires al ámbito del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires".
Los dos temas son de alta sensibilidad para los jueces, que vieron con horror que los candidatos a magistrados sean invitados a firmar este documento que lleva el membrete del Ministerio de Justicia.
Con respecto al impuesto a las ganancias, el Congreso aprobó en diciembre pasado, a instancias de la oposición, una ley que modifica el tributo y obliga a los nuevos jueces que se incorporen al Poder Judicial a pagarlo.
La Corte interpretó que la medida alcanza a aquellos que ingresen desde fuera de la Justicia, es decir que los secretarios que ascienden siguen eximidos del pago de Ganancias. Ricardo Lorenzentti se involucró personalmente en la redacción del texto legislativo trabajando con los senadores del PJ.
También deben pagar Ganancias los fiscales y los defensores oficiales que lleguen a sus cargos desde afuera. Los que asciendan o provengan de la defensoría, la fiscalía o del Poder Judicial no son alcanzados por la norma, interpretó la Corte.
El papel que el ministro Germán Garavano propone firmar a los jueces va contra esa interpretación de la ley.
El otro asunto no menos ríspido es el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires, como lo establece la Constitución reformada en 1994. El Gobierno avanzó con la firma de un convenio para que sean transferidos progresivamente juzgados penales nacionales vacantes a la ciudad.
Ese convenio debía ser tratado por la Legislatura porteña, pero la sesión se suspendió por la súbita muerte del presidente del Consejo de la Magistratura porteño, Enzo Pagani, de un infarto, a los 47 años.
La ley será tratada la semana próxima y ese acuerdo deberá ser homologado por una ley del Congreso para entrar en vigor.
Los jueces nacionales, agrupados en la Asociación de Magistrados, se oponen a cara de perro a esta iniciativa. La misma postura tiene el gremio de los judiciales nacionales, a cargo de Julio Piumato.
Aunque en la ciudad no hay escollos para que la medida prospere. El traspaso contempla sólo los 54 juzgados, vocalías, fiscalías y defensorías vacantes.
En enero pasado, la administración Macri puso en marcha ese traspaso -que deberá contar con el aval del Congreso-, que ha generado numerosas protestas por parte de parte de magistrados nacionales, que denuncian el riesgo de que se realicen designaciones "por razones políticas". El proyecto tuvo la oposición de jueces, fiscales e incluso de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional en una acordada firmada el pasado 21 de febrero contra el traspaso.
Para que esta iniciativa prospere es clave que pase la instancia del Senado de la Nación. Pero a pesar de que tiempo atrás había margen político para tratarlo, ahora es cada vez menos probable que a corto plazo el asunto vea la luz.
El PJ se resiste a convalidar la iniciativa y los senadores creen que han sido concesivos con los proyectos del ministro Garavano, con lo que hasta después de las elecciones de octubre próximo no quieren oír hablar del asunto.
Y menos con la oposición de Piumato, moyanista. Mientras él lidera la oposición gremial, el sindicato paralelo que responde a La Cámpora hace guiños para convalidar la iniciativa. (Hernán Cappiello - LA NACION).
El formulario, que empezó a circular entre los magistrados, es del Ministerio de Justicia de la Nación. Fuentes oficiales advirtieron a LA NACION que los candidatos no están obligados a firmar esta declaración, pero al mismo tiempo señalaron que el presidente Mauricio Macri lo tendrá en cuenta cuando tenga que decidir el nombre del elegido en la Corte.
El texto de la declaración se titula "expresión de conformidad" y establece que el que firma da expreso consentimiento para someterse al régimen del impuesto a las ganancias. Dice, además, que para el caso que lo disponga la normativa da su conformidad "para ser transferido de la justicia nacional ordinaria con asiento en la ciudad de Buenos Aires al ámbito del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires".
Los dos temas son de alta sensibilidad para los jueces, que vieron con horror que los candidatos a magistrados sean invitados a firmar este documento que lleva el membrete del Ministerio de Justicia.
Con respecto al impuesto a las ganancias, el Congreso aprobó en diciembre pasado, a instancias de la oposición, una ley que modifica el tributo y obliga a los nuevos jueces que se incorporen al Poder Judicial a pagarlo.
La Corte interpretó que la medida alcanza a aquellos que ingresen desde fuera de la Justicia, es decir que los secretarios que ascienden siguen eximidos del pago de Ganancias. Ricardo Lorenzentti se involucró personalmente en la redacción del texto legislativo trabajando con los senadores del PJ.
También deben pagar Ganancias los fiscales y los defensores oficiales que lleguen a sus cargos desde afuera. Los que asciendan o provengan de la defensoría, la fiscalía o del Poder Judicial no son alcanzados por la norma, interpretó la Corte.
El papel que el ministro Germán Garavano propone firmar a los jueces va contra esa interpretación de la ley.
El otro asunto no menos ríspido es el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires, como lo establece la Constitución reformada en 1994. El Gobierno avanzó con la firma de un convenio para que sean transferidos progresivamente juzgados penales nacionales vacantes a la ciudad.
Ese convenio debía ser tratado por la Legislatura porteña, pero la sesión se suspendió por la súbita muerte del presidente del Consejo de la Magistratura porteño, Enzo Pagani, de un infarto, a los 47 años.
La ley será tratada la semana próxima y ese acuerdo deberá ser homologado por una ley del Congreso para entrar en vigor.
Los jueces nacionales, agrupados en la Asociación de Magistrados, se oponen a cara de perro a esta iniciativa. La misma postura tiene el gremio de los judiciales nacionales, a cargo de Julio Piumato.
Aunque en la ciudad no hay escollos para que la medida prospere. El traspaso contempla sólo los 54 juzgados, vocalías, fiscalías y defensorías vacantes.
En enero pasado, la administración Macri puso en marcha ese traspaso -que deberá contar con el aval del Congreso-, que ha generado numerosas protestas por parte de parte de magistrados nacionales, que denuncian el riesgo de que se realicen designaciones "por razones políticas". El proyecto tuvo la oposición de jueces, fiscales e incluso de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional en una acordada firmada el pasado 21 de febrero contra el traspaso.
Para que esta iniciativa prospere es clave que pase la instancia del Senado de la Nación. Pero a pesar de que tiempo atrás había margen político para tratarlo, ahora es cada vez menos probable que a corto plazo el asunto vea la luz.
El PJ se resiste a convalidar la iniciativa y los senadores creen que han sido concesivos con los proyectos del ministro Garavano, con lo que hasta después de las elecciones de octubre próximo no quieren oír hablar del asunto.
Y menos con la oposición de Piumato, moyanista. Mientras él lidera la oposición gremial, el sindicato paralelo que responde a La Cámpora hace guiños para convalidar la iniciativa. (Hernán Cappiello - LA NACION).
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