La ley democrática no es sólo la que bendicen los votos de la mayoría sino la que se construye con todos los sectores involucrados. Al final, al sistema democrático, al ser lo opuesto a la prepotencia del poder, impone el deber de trabajar sobre los conflictos, sin tenerles miedo pero garantizando lo que también define a la democracia: la transparencia y la participación ciudadana.
Frente a la actualización de la llamada "ley de bosques", Córdoba tiene una oportunidad única para corregir los errores del pasado y caminar en ese sentido.
Desde que con atraso ingresó a la Legislatura el proyecto de ordenamiento territorial de bosques, se han vuelto a manifestar los intereses en pugna, no pocas veces planteados con falsas antinomias. Como si no fuera posible abrir un diálogo entre los que legítimamente defienden la productividad de un país en permanente crisis y las organizaciones ambientalistas que, pese a haber salido escaldadas de la promulgación de la ley número 9.814, volvieron a aportar saber técnico, compromiso y perseverancia a la hora de advertirnos sobre la irresponsabilidad de sancionar aquel proyecto.
Tanto las inundaciones como los incendios nuestros de cada año sumaron al debate a numerosas coordinadoras ambientales –como las de las Sierras Chicas, Punilla y Traslasierras–, que revelan una renovada y auspiciosa participación ciudadana. Muchas nacieron al calor de las denuncias, como la contaminación por agroquímicos en barrio Ituzaingó, de la capital provincial, o los endebles estudios de impacto ambiental con los que se justificaron con argumentos falaces algunos de los proyectos cuestionados. En el medio, la Ley de Política Ambiental N°10.208, sancionada en 2012 por consenso político, les dio un instrumento legislativo para ampararse en la Justicia e imputar a la Secretaría de Ambiente por irregularidades en la autorización de proyectos, como fueron los loteos en Candonga o la construcción de un dique dentro de la Reserva Natural de la Defensa Ascochinga sobre el arroyo Carapé, que terminó con la obra relocalizada, en claro reconocimiento a las objeciones de los vecinos de la región.
Como ejemplo de esa creciente conciencia ambiental, vale recordar la audiencia que se realizó en la Sociedad Rural de Jesús María, donde concurrieron más de 300 personas. O el constante reclamo de luz pública sobre los proyectos de las canteras de Saldán; el "Centro Ambiental" de Villa Carlos Paz y el de Cormecor; los emprendimientos "El Dorado", en San Antonio de Arredondo; "Los Cigarrales", en Unquillo; "Las Cimas", en Nono; "El Terrón", en Mendiolaza.
Llama la atención, en cambio, que a la hora del debate las autoridades o la propia prensa no interpelen con mayor contundencia a los desarrollistas urbanos ni a la cámara que los nuclea, si se tiene en cuenta que el 55% de los proyectos debatidos por la ciudadanía en el último año fueron loteos para emprendimientos inmobiliarios. Existe una relación directa entre el aumento de los proyectos urbanísticos y la participación ciudadana.
En términos ambientales, el mayor error a corregir es no contraponer el desarrollo o la productividad a las demandas ambientales sino armonizar los intereses en pugna para que la frase repetida, el "desarrollo sustentable" no sea sólo un lema. Los productores rurales inundados en Córdoba y en Santa Fe deberían recordar el parecer de los técnicos –"si siembra soja, cosechará inundaciones"–, no para impedir la soja sino para trabajar sobre la racionalidad, en un debate que deberá darse puertas afuera de los despachos.
La nueva ley no sólo deberá actualizar las diferentes zonas donde se registren bosques y el nivel de preservación que debe imponerse, sino que debe incluir un mapa riguroso. Si la redacción de la norma es contradictoria y el mapa impreciso, la que sale herida en su legitimidad es la ley.
Ordenar un territorio para determinar dónde se puede plantar y dónde hay que conservar demanda una visión que anteponga el bien común sobre los intereses sectoriales y cumpla con una regla de oro de la protección del ambiente: la no regresividad. Cuando una fracción del territorio es designada como área protegida, no se puede retroceder y otorgarle una categoría de menor protección.
Es función del Gobierno subsanar los errores que se desatendieron a lo largo de estos últimos cinco años, en especial los desmontes en las zonas rojas. Es de esperar de parte de los legisladores iniciativas políticas serias para evitar las desconfianzas sobre la transparencia del proceso.
No fueron pocas las advertencias y las denuncias que a lo largo de este tiempo hizo la ciudadanía, a la que acompañé como legisladora con innumerables pedidos de informes y foros de debate en la misma Legislatura de Córdoba. Resta ahora que las autoridades no miren para otro lado ni escondan bajo la alfombra lo que mal se hizo.
Esta es la gran oportunidad que tenemos los cordobeses para proteger nuestros bosques nativos y promover un manejo racional de los suelos. Para que la desmesura de las lluvias y las inundaciones seguidas de incendios y sequías no se lamenten como un castigo divino sino como lo que son: la responsabilidad que tenemos, unos y otros, sobre la casa que habitamos todos. Por Norma Morandini - Ex senadora nacional por la Provincia de Córdoba. Directora del Observatorio de Derechos Humanos del H. Senado de la Nación
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario