En la Unicameral de Córdoba presentaron un proyecto de ley, mediante el cual crea Asesorías Letradas Especializadas en Víctimas de Delitos, en las Primera y Segunda Circunscripciones Judiciales con asiento en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, respectivamente, y en las demás circunscripciones se le sumará esta competencia a las de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género.
La iniciativa que fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General; estipula que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolverá sobre sus estructuras, establecerá la competencia territorial de cada una de ellas y determinará el asiento de su sede, pudiendo disponer que las mismas revistan el carácter de asesorías letradas fijas o móviles, atendiendo a las necesidades del servicio, a cuyo fin reglamentará lo pertinente para garantizar el funcionamiento de las mismas.
Asimismo, el TSJ dictará las demás normas que aseguren el cumplimiento de la futura ley (en caso de aprobarse en la Legislatura). Además, podrá disponer en cualquier Circunscripción Judicial, la creación de Secretarías con afectación específica en materia de asistencia a la víctima, conforme a criterios de necesidad, oportunidad y conveniencia.
Finalmente, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo Provincial a realizar los ajustes presupuestarios necesarios para cumplimentar las disposiciones de la propuesta de ley ya presentada.
"Esta nueva reforma traerá aparejado un aumento de la intervención de las victimas en los procesos penales a quienes –al igual que los imputados- habrá que garantizarle sus derechos. Y dentro de ellos, lógicamente, el primero es garantizar que intervengan en el proceso asistidos por profesionales abogados que, por razones de oficio tienen una competencia técnica de la que pueden carecer las partes", afirmó el legislador Radical.
Luego, agrega que "frente a este nuevo paradigma, el Estado, conforme los compromisos asumidos de manera internacional, tiene la obligación de proveer patrocino letrado gratuito a la víctima, al menos a aquellos que estén imposibilitados económicamente de costearse uno y sobre todo en aquellos casos que la misma se encuentre en condiciones de vulnerabilidad".
"En el marco de los principios que antes expusimos, corresponde al Estado garantizar la tutela judicial efectiva a la víctima del delito, que sea gratuita para quienes no tienen recursos. De nada sirve otorgar facultades por vía normativa si no se cuenta con herramientas reales para hacer valer los derechos que, por lo demás salvo el art. 25, no está contemplada en el CPP respecto del querellante particular", añadió Rins.
En tanto, consideró que "este nuevo esquema normativo, tendrá alto impacto en la gestión de la administración de justicia y no podemos permitir que las reformas de los procedimientos, en aras de dotarlos de celeridad y eficiencia, pierdan el real sentido que es la protección del ser humano frente al poder. No es razonable, reformar el Código Procesal Penal olvidando a un parte del conflicto penal: las víctimas, que como el imputado no puede ser privada de defender sus derechos ante los Tribunales de Justicia".
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