La Pontifica Academia de Ciencias reunió a numerosos expertos que abordaron las causas del flagelo a escala global del tráfico de órganos. El encuentro que tuvo lugar, el martes 7 y miércoles 8 de febrero, en la Casina Pío IV del Vaticano profundizó sobre el llamado "turismo de los trasplantes".
Participaron delegados de más de 50 países que hicieron un diagnóstico preciso del problema y firmaron una declaración de consenso contra estas prácticas en apoyo a la lucha mundial contra ellas.
Se expuso una panorámica sobre la situación de algunos países como Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Perú, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Argentina, Brasil, Egipto, Nigeria, Libia, Sudán, Eritrea, Somalia, Sudáfrica y la región subsahariana.
El canciller de la Academia, monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, al abrir el encuentro aseguró que el tráfico de órganos "es particular porque no se trata solo de actos cometidos por delincuentes comunes, sino que puede haber personal médico involucrado".
El tema del encuentro introducido por Francis Delmónico, cirujano y docente estadounidense, y por Jeremi Chapman, director de medicina y cáncer en el hospital Wesrmead de Sydney, fue abordado a partir de dos documentos relevantes sobre el tema del tráfico de órganos: la declaración de Estambul del 2008 y la Convención del Consejo de Europa, del 2014.
El presidente de la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe (STALYC), el colombiano Alejandro Niño Murcia, explicó que el tráfico de órganos deriva de "un mercado en el que hay más demanda que oferta", más demandantes que donantes.
"La gente busca salidas y los países y personas con mayor poder adquisitivo tratan de aprovecharse de las personas que tienen algún déficit o problema económico. Aprovecharse de su condición de necesidad económica para que donen algunos de sus órganos", lamentó.
El precio de un órgano en el mercado negro puede alcanzar los 150.000 dólares de lo que el donante recibe entre un 5% y un 10% "en el mejor de los casos" y el resto va a parar a los bolsillos de los traficantes e intermediarios, señalaron los expertos, subrayando que las cifras varían en función del país.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente se llevan a cabo alrededor de 120.000 trasplantes en todo el mundo (119.873 en 2014), lo que supone aproximadamente un 10% de la demanda total. Asimismo la OMS estima que entre un 5% y un 10% de esa cifra total de trasplantes proviene de "un mercado internacional de órganos".
"Alguien puede creer que el Vaticano encubre las malas prácticas de China, pero no es así", aclaró monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, al salir al paso de la polémica internacional suscitada por la participación en el encuentro de dos funcionarios chinos, Jiefu Huang y Haibo Wang, presidente y miembro del Comité Nacional de Donación y Trasplante de Órganos. Uno de ellos es señalado por favorecer la política de extracción forzada de órganos a prisioneros, lo que desató la indignación de grupos de investigadores de la práctica de extracción forzada en el país asiático.
Los delegados de Pekín se defendieron acusando a la prensa de publicar mentiras y asegurando que están comprometidos con un cambio en el sistema que respete los derechos humanos de los presos. El Papa sigue de cerca el caso y espera señales claras de ese cambio.
Al respecto, monseñor Sánchez Sorondo sostuvo que la Academia Pontificia estudió mucho el caso y llegó a la conclusión de que invitar a los delegados chinos podría tener dos efectos: uno positivo y otro negativo. "El efecto negativo es que alguien puede creer que invitando a China nosotros queramos cubrir las malas prácticas que son conocidas en ese país, pero no es así", reconoció.
"El efecto positivo es reforzar la posición actual del gobierno chino, del presidente y de los ministros que quieren cambiar verdaderamente y respetar la dignidad humana en este campo, es decir no vender los órganos de los prisioneros como se hizo. Hay una evolución en esto, ellos quieren ser ayudados por la comunidad internacional y por la Iglesia, nosotros estamos muy contentos de esta actitud y creemos realmente que ellos quieren cambiar, que están cambiando", abundó.
María del Carmen Bacqué, presidente del Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante), de la Argentina participó del encuentro y señaló a la agencia Télam que "es muy importante para la Argentina como país líder en Latinoamérica poder compartir sus experiencias porque la región tiene asimetrías desde el punto de vista del sistema sanitario, y las dificultades socio-culturales llevan a que sea una región vulnerable y que no siempre se respeten los derechos de los individuos".
Bacqué señaló que "la Argentina tuvo como privilegio un marco legal muy firme, con principios bioéticos muy determinados desde el comienzo y el Incucai ha permitido llevar el control y la transparencia al sistema" y aseguró que "no hay ningún riesgo de que la Argentina sea receptor del denominado turismo de trasplantes".
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